A pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en las carreteras más afectadas, como la autopista Arco Norte y la vía México-Querétaro, los atracos a mano armada y los actos de violencia contra los conductores persisten, poniendo en peligro la vida y la integridad de los trabajadores del transporte.
Además de los robos, los transportistas se enfrentan a extorsiones y restricciones de circulación, lo que agrava aún más la situación y afecta negativamente la economía y la distribución de mercancías en México.
Es imperativo que las autoridades fortalezcan la cooperación interinstitucional y adopten medidas concretas para abordar las causas subyacentes del aumento de la criminalidad en las carreteras mexicanas.
La protección de los derechos de los trabajadores del transporte y la garantía de la seguridad vial son fundamentales para el desarrollo económico y social del país, y requieren una acción coordinada y decidida por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad.
