El Estado de San Luis Potosí sufre los estragos de aquellos compromisos y actos de corrupción que exsecretarios de seguridad pública federal y exmandatarios estatales acordaron para beneficio propio, permitiendo la incursión de grupos criminales que se reflejaron en la inestabilidad social, perjuicios en las familias de las cuatro regiones y el asesinato de policías y militares honestos y con verdadera intención de proteger al estado potosino.
Alrededor de casi 20 años, las familias potosinas han sido testigos de hechos de inseguridad de alto impacto, entre ellos, el homicidios de un exsecretario de seguridad pública estatal, secuestros de empresarios en la capital y otras regiones de la entidad; asesinatos de agentes ministeriales de la Federación, enfrentamientos y ataques armados entre grupos delincuenciales a plena luz del día y poniendo en máximo riesgo la vida de niños, estudiantes, trabajadores y familias enteras.
Hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado acata la instrucción del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para acabar con esos efectos negativos en materia de seguridad, a través de la creación y operación de la Guardia Civil Estatal (GCE); estado de fuerza que ha dejado resultados contundentes en la detención de objetivos criminales, aseguramiento de arsenales, droga, indicios delictivos y también en el reforzamiento de la prevención de la actividad ilícita, a menos de un año de su puesta en marcha.
La Guardia Civil Estatal fue anunciada y puesta en funcionamiento para dar un revés a la expansión de células delictivas y su actividad, que desde el año 2003 les fue permitido ingresar a territorio estatal tras acuerdos intencionales e inhumanos, traicionando al pueblo mexicano y potosino, por parte de expresidentes, exgobernadores y un exsecretario de seguridad pública federal.
Actualmente, el Gobierno Estatal dirige y acciona un plan de seguridad que cuenta con la coordinación interinstitucional como base, teniendo la colaboración de las fuerzas federales, municipales, de procuración de justicia y de investigación para dar una frontal batalla al crimen: una estrategia que jamás se había impulsado por anteriores administraciones en pro de la paz pública.
Los logros obtenidos hasta ahora contrastan con lo registrado en las últimas dos décadas, puesto que existe una permanente revisión y ajuste a las estrategias que se implementan en los 58 municipios; pero sobre todo, porque los resultados son visibles y tangibles en los niveles de contención y combate del índice delictivo. El trabajo continúa día a día con la meta de aumentar los niveles de tranquilidad en las calles potosinas y en los próximos años, mediante la actuación eficaz de la fuerza estatal, pero también con labores de prevención y sensibilización en los hogares y familias, como mecanismo para atacar el delito desde su origen.
